Con Infantería en los pasillos, anunciaron 160 despidos en el Hospital Posadas

Los trabajadores realizaron una asamblea en el hall del hospital para reclamar la reincorporación. Ante esta decisión, el centro de salud amaneció fuertemente custodiado por decenas de efectivos.

Casi 160 trabajadores fueron despedidos esta semana del Hospital Posadas, ubicado en el partido de Morón, y la dirección del nosocomio amaneció fuertemente custodiada por decenas de efectivos de Infantería de la Policía Federal.

La Dirección Ejecutiva del hospital, a cargo del médico Pablo Bertoldi Hepburn, no informó de manera individual los despidos sino que publicó una resolución con los nombres de los que sí renovarían su contrato.

“Hoy me enteré por una resolución de mi supuesta cesantía, de la que nadie se termina de hacer cargo ya que nos informaron que no estamos contemplados dentro de los listados de los contratos que se renuevan, ergo, estamos despedidos”, afirmó Luis Sucher, un empleado despedido con 19 años de antigüedad.

A través de las redes sociales, varios trabajadores denunciaron que las oficinas de la Dirección estaban colmadas de policías que impedían el pedido de explicaciones a las autoridades.

Una jornada de provocaciones a personas con más de 15 años de trabajo que las dejan en la calle

Los trabajadores se concentraron esta mañana en el hall del edificio y realizaron una asamblea para delinear los pasos a seguir en la lucha por su reincorporación.

16/01/18

Ordenaron la detención de un militante del PO por la supuesta agresión a un policía

Otro arresto por la protesta

Según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional, Dimas Fernando Ponce estaba en la escena de la agresión a un policía. El imputado niega haberle hecho daño a alguna persona.

El juez Sergio Torres está investigando a los manifestantes y también los abusos de las fuerza de seguridad.

El juez federal Sergio Torres ordenó la detención Dimas Fernando Ponce, un abogado que es militante del Partido Obrero y que, según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional estaba en la escena de la agresión a un policía que tuvo fractura de cráneo y perdió parcialmente la audición por los golpes. Es quien estaba con otro hombre del PO, César Arakaki, que ya está preso y fue indagado por la misma razón. Ponce hizo llegar al juzgado un pedido de exención de prisión que fue rechazado, en el que admite ser la personas de las imágenes en cuestión, donde está cerca de un policía que está en el piso con un palo similar a una lanza, pero niega haber herido a nadie. El PO convocó para hoy a la tarde a una conferencia de prensa. En un comunicado dice que la detención dispuesta por el juez es “parte de de una política de criminalización de una manifestación en la que participaron centenares de miles de trabajadores contra una ley que constituye un robo a los jubilados, los discapacitados y los niños más necesitados”.

Torres mantiene hasta ahora dos líneas de investigación: una involucra a manifestantes, en especial a los que fueron registrados en imágenes agrediendo a policías; la otra apunta a los abusos de las fuerza de seguridad. Por esto último está detenido Dante Barisone, el policía que paso con su moto por encima del cartonero Alejandro Rosado, que ese encontraba trabajando en la calle, cerca de la movilización. A Barisone lo identificó y entregó el Ministerio de Seguridad. Todavía el juzgado está tratando de identificar al agente que le tiró gas pimienta con saña a un hombre mayor que se encontraba solo y sin hacer nada. En una filmación se ve el momento en que lo rocían con gas y el mismo policía le pega un cachiporrazo en la cabeza. Para hoy está citado a indagatoria un policía bonaerense, Damián Ferraro, fotografiado arrojando piedras, ahora desafectado de la fuerza.

Ponce, que fue candidato a concejal en Máximo Paz por el Frente de Izquierda, apeló el rechazo a la exención de prisión. El comunicado del PO dice que “la orden de detención debería suspenderse hasta que resuelva el tribunal. En el caso que el tribunal ya hubiera enviado oficio de captura, Ponce se encuentra esperando la ejecución de su detención en el domicilio denunciado (…) se ha puesto a derecho y no hay razón para que sea detenido”. Por eso reclaman el cese de la orden de detención y la inmediata libertad para Arakaki. El criterio del juzgado ha sido detener a las personas que considera involucradas en lesiones medianas y o graves.

La semana próxima es posible que el juzgado tome una determinación respecto de las casi 70 personas que fueron detenidas durante y en la desconcentración de la movilización del 18 de diciembre, muchas de ellas al voleo. Torres había ordenado liberarlas pocas horas después de los arrestos y está en pleno análisis de las circunstancias en que fue detenida cada persona, para establecer si fueron arrestos arbitrarios o con alguna motivación real. En la causa sobre la movilización de la semana anterior, el 14 de diciembre, también contra la reforma previsional, todavía hay personas detenidas por cuestiones burocráticas relativas a sus domicilios y en un caso se trata de un joven que denunció que le plantaron en su mochila dos piedras y panfletos partidarios pisoteados. Esta causa la lleva Claudio Bonadio, con una óptica distinta a la de su colega Torres. Está indagando a las 44 personas detenidas, incluso aquellas como Damiana Negrín Barcellos, cuya detención repentina fue filmada en el momento que volvía caminando de trabajar a su casa y se le vino encima un pelotón de gendarmes.

La impunidad campa por sus anchas : Represores con domiciliaria

El 2017 terminó con 1038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. El año pasado se instruyeron 593 causas, que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias. El 67 por ciento de ellas fueron apeladas.

Tras el fallo del 2x1 de la Corte, hubo 118 condenados que pidieron acceder a ese beneficio.

La reciente prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, no es un caso aislado entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. 

La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2x1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.

De las 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario -aunque en sólo seis causas ya está fijada la fecha de inicio del debate-, 98 causas están listas para comenzar el juicio y el resto, las 278 causas que faltan, continúan en etapa de instrucción.  

“Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, según señalaron los fiscales en el informe,  Entre quienes aún no fueron sentenciados, la situación procesal varía según la causa: hubo 701 procesados, a 164 imputados se les dictó falta de mérito y 62 fueron sobreseídos. “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

Además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El informe analizó también cuánto tiempo transcurre desde que se inicia la causa hasta que se obtiene la sentencia firme. En promedio, en las “causas firmes”, aquellas que ya no tienen pendiente instancias de revisión, transcurren 5 años y medios entre que se presenta el requerimiento de elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. En la causas “en trámite”, las que tienen sentencia pero esperan la elevación a juicio o pueden ser recurridas, la demora alcanza los 4 años y medio.

“La instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”, detallaron desde la procuraduría.

En el informe, los fiscales hicieron hincapié en que “los responsables del trámite de las causas demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, lo que calificaron como un “cuellos de botella” que es necesario resolver.