viernes, 23 de febrero de 2018

Informe crítico de Amnistía Internacional sobre la situación argentina

 Los retrocesos en derechos humanos

El trabajo del organismo internacional señala la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales y discriminación de los pueblos originarios. El Gobierno lo calificó como “sesgado y poco riguroso”.

Amnistía habla en su informe del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias.

Criminalización de la protesta social. Detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales. Criminalización y discriminación a pueblos indígenas. Retrocesos en el reconocimiento de derechos de personas migrantes. Dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal. Incumplimiento de la orden internacional de liberar a Milagro Sala. 

Los seis puntos forman parte del capítulo argentino del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, que difundió ayer Amnistía Internacional (AI) y que incluye un análisis de las violaciones a derechos humanos en 159 países. La directora de AI Argentina, Mariela Belski, destacó además la creciente propagación de noticias falsas para manipular a la opinión pública y advirtió que “la retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa e los derechos humanos”. Para el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el informe de Amnesty Internacional es “sesgado, incompleto y poco riguroso”.

Ya en el análisis de la “perspectiva regional” dedicada a  las “Américas”, Amnesty destaca que al cierre del informe “se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos”, y entre casos de “palizas e intimidación” destaca el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, que en palabras del organismo “murió de manera violenta durante un desalojo” de Prefectura. Al tratar los “derechos de pueblos indígenas”, recuerda que la mayoría de las comunidades no cuentan con el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra que establece la Constitución. Apunta que ya en enero de 2017 la policía de Chubut y Gendarmería cerraron los acceso a la Pu Lof en Resistencia para golpear, intimidar y detener a sus miembros y que en agosto la misma fuerza federal “llevó a cabo una operación ilegal durante la cual desapareció Santiago Maldonado”. En Neuquén, en tanto, el plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta no contó con la participación de la comunidad Lof Campo Maripe, apunta Amnesty, que toma nota de “procedimientos judiciales para intimidad a pueblos indígenas” y de la detención durante 190 días de Agustín Santillán, líder los wichis en Formosa.

En materia de libertad de expresión y reunión, se destacan las “detenciones indiscriminadas” durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo, la represión “con violencia” a los docentes que en abril reclamaban por salarios justos y las 31 personas “violentamente detenidas y retenidas” durante dos días en comisarías tras “una manifestación masiva” por la desaparición de Maldonado. En diciembre, cuando una multitud salió a las calles para repudiar la reforma previsional, “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias”. En el caso de la líder de la Tupac Amaru, “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de Naciones Unidas que exigió la “liberación inmediata” de Sala, y se atendió sólo “parcialmente” el pedido de la CIDH “ya que las condiciones impuestas” en el arresto actual no cumplen “las normas nacionales e internacionales”.

“Obstáculos para acceder a un aborto legal” en los casos previstos por la ley, resume Amnistía al tratar los derechos sexuales y reproductivos, y recuerda que “la despenalización plena está pendiente de aprobación en el Congreso”. La violencia contra las mujeres implicó “al menos 254 feminicidios” en once meses, en tanto “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres para 2017–2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.

En el fragmento dedicado a derechos de refugiados y migrantes, Amnistía destaca que “sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 par limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. Apunta además que pese al compromiso de recibir a 3000 refugiados de Siria, no se creó “ningún programa de reasentamiento” y apenas 400 se beneficiaron de “un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias”.

lunes, 12 de febrero de 2018

Abrazo y paro en el Hospital Posadas

Masivo reclamo por los 122 trabajadores despedidos del hospital

El Gobierno desplegó un fuerte operativo de seguridad para evitar un corte en la autopista. Organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, vecinos y pacientes insistieron en rechazar el fuerte ajuste en el centro de salud.

Por Laura Vales

Gendamería impidió el corte de la Autpista Acceso Oeste, en Morón, por parte de los manifestantes. 

Los trabajadores del Hospital Posadas continúan con las acciones para mantener visible el reclamo por la reincorporación de 122 despedidos. Acompañados por organizaciones políticas y sociales, organismos de derechos humanos, vecinos de los barrios cercanos y pacientes, ayer hicieron un abrazo al hospital público de alta complejidad, el más importante centro de atención de la salud del oeste del conurbano. El Posadas tiene bajo su área de cobertura a cuatro millones de personas. Los trabajadores denuncian que los despidos de enfermeras y técnicos implican el cierre de servicios como neonatología, cirugía cardiovascular y terapia intensiva pediátrica.  

Durante la jornada, en el Posadas hubo un paro de 24 horas. Los trabajadores habían anunciado que cortarían la autopista pero, como viene siendo habitual frente a los reclamos por despidos, el gobierno desplegó un fuerte operativo de gendarmería. En cuanto los manifestantes quisieron acercarse al asfalto, los gendarmes, con escudos antidisturbios y el apoyo de camiones hidrantes, rodearon la columna. La protesta se movilizó entonces hasta la estación de Ramos Mejía.

“Los 122 despidos llegaron sin previo aviso. Ninguno de los 122 tenía faltas, no hubo ningún motivo que justificara legalmente las cesantías. La mayoría de los que quedaron sin trabajo son mujeres, enfermeras, algunas con hasta 20 años de en el hospital”, contó Luis Escobar. El delegado de ATE señaló que en su reemplazo, la dirección  “hizo entrar a compañeros monotributistas: No estamos en contra de ellos, que no tienen la culpa de la situación; pero son compañeros sin experiencia, en algunos casos que todavía no se recibieron, y que los pusieron a reemplazar a enfermeras calificadas, con 20 años de experiencia y una licenciatura. Esto muestra lo que les importa la salud pública”.

Los despidos tuvieron por otra parte un claro carácter antisindical, ya que incluyeron a 17 de los 23 delegados de la Cicop, a afiliados de una lista de ATE opositora a la conducción local y a las enfermeras que habían participado de medidas para oponerse a un intento de extender la jornada laboral de 10 a 12 horas. 

En medio del conflicto, las autoridades del hospital tomaron una medida para ahogar financieramente a la Asociación de Profesionales de la Salud (Cicop) y el Sindicato de Trabajadores de la Salud (STS) del Posadas, al no ejecutar el descuento de la cuota sindical de sus afiliados en los sueldos de enero.  

Los gremios denunciaron la omisión como un acto ilegal. Guillermo Pacagnini, de Cicop, señaló que la Asociación tiene personería gremial, por lo que las autoridades del hospital están obligadas a hacer de agente de retención de la cuota de los afiliados para transferírselos al gremio.  

El abogado laboralista Guillermo Pérez Crespo explicó a su vez que en el caso del Sindicato de Trabajadores de la Salud, las autoridades del hospital tampoco están habilitadas a omitir el descuento. “El sindicato tiene simple inscripción, pero hace años interpuso una acción de amparo, justamente porque el Hospital en un conflicto anterior dejó de retenerle la cuota sindical. La justicia dio la razón a los trabajadores y ordenó al Hospital retener por planilla salarial la cuota sindical de los afiliados al STS. La sentencia del juzgado del trabajo nº 58 es de mayo de 2012 y fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en agosto de ese mismo año. Mantiene, por supuesto, plena vigencia”.

Este aspecto del conflicto, seguramente árido para muchos, es sin embargo clave para que los gremios puedan sostener en el tiempo los reclamos por despidos, dando contención económica a los que perdieron su trabajo durante el tiempo que sea necesario mantener la movilización por las reincorporaciones.

lunes, 5 de febrero de 2018

Por orden de Benetton la Policía de Chubut volvió a invadir la Pu Lof de Cushamen

El territorio mapuche donde el Estado perpetró el crimen de Santiago Maldonado volvió a ser allanado judicialmente a pedido del grupo terrateniente italiano. La Policía les secuestró todos los caballos.

@saturnetroc
 Foto Joaquín Díaz Reck/Enfoque Rojo

En la madrugada de este viernes, por orden de la jueza penal Graciela Rodríguez y a pedido del fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer, unos 400 efectivos de la Policía de Chubut, a quienes se sumó personal del Grupo GEOP, con al menos una decena de móviles y algunas camionetas Renault Duster sin patente invadieron (nuevamente) la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, el territorio mapuche en el que hace seis meses, tras una brutal represión de la Gendarmería Nacional, desapareció y finalmente fue hallado muerto Santiago Maldonado.

Esta vez la excusa del Estado para ingresar por la fuerza al predio, mantener durante horas privados de su libertad y con las manos precintadas a sus habitantes, dar vueltas las viviendas como una media y requisar hasta el último rincón fue una denuncia de la Compañía de Tierras del Sud (propiedad de Benetton) por presunto abigeato (robo de animales).

En la noche del jueves la información del posible allanamiento había circulado por grupos de Whatsapp y redes sociales, poniendo en alerta a todas las organizaciones y personas solidarias con la comunidad mapuche. Dicho y hecho, pasadas las 5 de la mañana un enorme operativo de la Policía provincial con apoyo de la Gendarmería sobre la Ruta Nacional 40 cortó los accesos a la zona de la Pu Lof con el objetivo de impedir el acercamiento de personas de la comunidad que no estuvieran en ese momento dentro del territorio, como de organizaciones solidarias y periodistas.

El ingreso al predio se realizó con la habitual violencia que utilizan las fuerzas represivas en estos casos. Según pudo relevar la periodista Adriana Meyer desde la zona, luego de romper el candado de la tranquera e ingresar al grito de "arriba las manos, al suelo" (sic), los efectivos procedieron a atar de manos con precintos plásticos a los miembros de la comunidad que se encontraban en el ingreso a la Pu Lof. Así los mantuvieron durante las horas que duró el operativo, en el que ingresaron violentamente a las casas, inspeccionaron el río y hasta invadieron predios vecinos a la comunidad.

Desde la Pu Lof informaron que una de sus habitantes, Vanesa Millañanco, debió ser trasladada al hospital de El Maitén por una descompensación y baja de presión arterial producida por la violencia policial. Luego de la asistencia médica la mujer está en buen estado general de salud, pero la comunidad denuncia que fue golpeada en el momento del ingreso de los policías.

El operativo duró más de tres horas. A las 9:30 los mapuches informaron que se acababan de retirar las fuerzas policiales, "que ingresaron a las seis de la mañana, horario desde el que mantuvieron precintados a los miembros de la comunidad en el sector de la guardia sin dejarlos siquiera ir al baño".


Uno de los precintos que quedaron en el suelo de la Pu Lof (foto Gustavo Zaninelli)

Desde la Pu Lof denuncian que "en el procedimiento se llevaron todos los caballos pertenecientes a la comunidad", que esos animales "fueron retirados en un camión perteneciente a la Compañía Tierras del Sud" y que los oficiales volcaron datos falsos en las actas, como por ejemplo que el allanamiento concluyó "a las 11.45 siendo que finalizó alrededor de las 9 hrs".

La denuncia de Benetton

Si bien la orden la pidió el fiscal general de Esquel Díaz Mayer y la ordenó la jueza Rodríguez, el verdadero mandante del violento operativo fue, una vez más, el Grupo Benetton. En este caso a través de su mano derecha en la región, Ronald Mc Donald, quien formalmente es el administrador general de la estancia El Maitén pero en los hechos representa una porción importante del poder real en la comarca andina.

Según la denuncia judicial de Mc Donald, entre fines del 2017 y enero de este año un toro y 41 ovejas pertenecientes al emporio Benetton fueron robados de sus campos. El capataz del terrateniente acusa directamente del abigeato a los miembros de la comunidad mapuche de Cushamen, tanto a los de la Pu Lof como a los de Vuelta del Río.

No es la primera vez (y no será la última) que Benetton utiliza la excusa del robo de animales para lograr la persecusión, el procesamiento judicial, el encarcelamiento y hasta los ataques físicos a mujeres y hombres originarios. De hecho el abigeato es uno de los cargos más comunes utilizados por el Poder Judicial de la región para mantener bajo amenaza constante de prisión a la comunidad mapuche en su conjunto.

Abigeatos que, en su gran mayoría, no existen como tales ya que esos robos y traslados solo pueden ser ejecutados por organizaciones con una logística de la que carecen los mapuches y con la que solo cuentan los propios terratenientes o el Estado.

Mac Donald le dijo al fiscal Díaz Mayer, y este lo escribió en su pedido de allanamiento, que todas las sospechas recaen sobre los miembros de la Pu Lof y de Vuelta del Río, ya que supuestamente se habrían encontrado en los alrededores de los alambrados de Benetton huellas de caballos que "serían los animales que se habrían utilizado para cometer los hechos de abigeato".

Los denunciantes agregan que, producto de sagaces y silenciosas tareas de inteligencia ejecutadas por un cabo de apellido Ángelo y un subcomisario de apellido Fernández, se habría observado en la Pu Lof y en Vuelta del Río algunas ovejas, algunas lanas y (¿oh casualidad!) un toro.

En el pedido firmado el jueves 1° por Díaz Mayer, al que accedió la Izquierda Diario, el fiscal anticipaba a la jueza Rodríguez que se trataría de "un allanamiento de riesgo alto". ¿Por qué? Según él, tal riesgo se explica por lo sucedido en el pasado, sobre todo en "los procedimientos desplegados por la justicia provincial y la justicia de excepción durante el año 2017, que tuvieron trascendencia nacional". Es así que agrega la necesidad de un fuerte despliegue policial "para neutralizar y evitar cualquier acción que se pretenda llevar a cabo" por parte de los mapuches.

El "miedo" de Díaz Mayer se agrava al mencionar el supuesto hallazgo en allanamientos anteriores de un revólver calibre 38 "presto a ser utilizado" (¿?) y de que el "grupo de sujetos (los mapuches) "son avezados en el manejo y uso de ’gomeras u ondas de revoleo’". Y obviamente en que esos "sujetos" se encuentran "encapuchados".

Con semejante argumentación parece que a la jueza Rodríguez, si quiere llevarse bien con Benetton, no le quedó otra que ordenar el allanamiento. Y así se concretó. Es más, la jueza ordenó que el propio fiscal Díaz Mayer, un declarado enemigo de las comunidades mapuches de Chubut (sobre el que este diario ya ha escrito en reiteradas oportunidades), encabezara y dirigiera el allanamiento.

Ni el fiscal ni la jueza hicieron público hasta el momento si algún rastro del supuesto toro y las supuestas 41 ovejas de Benetton se encontró en el allanamiento. Y es probable que nunca digan la verdad. Lo que no quita que producto de esta nueva invasión al territorio mapuche se produzcan nuevos procesamientos y más persecución a las comunidades originarias.

Una vez retirados los perros de presa uniformados, desde la comunidad mapuche denunciaron "este nuevo atropello a Pu Lof Resistencia Cushamen", al que además califican como "totalmente ilegal". Entre otras cosas, denuncian, "no se contó con testigos del procedimiento, es decir que las fuerzas represivas hicieron lo que quisieron durante el tiempo que estuvieron dentro de Pu Lof y no descartamos que puedan generar algún tipo de montaje para culpar a los miembros de la comunidad a través de implantar falsas pruebas".

"Ya es sabido que las órdenes las da el Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, la cual junto a todo el Gobierno nacional a la cabeza del presidente Mauricio Macri han lanzado una verdadera cacería contra el pueblo Mapuche y una campaña mediática de difamación verdaderamente sin escrúpulos", agregan.

No es pura casualidad que este allanamiento fuera pedido por Díaz Mayer el mismo día en que se cumplieron seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal decidió no esperar ni un minuto para continuar con la campaña estatal antimapuche. Por eso apenas terminó la feria judicial pidió ejecutar otro violento operativo.

Con el fin de la feria el juez Gustavo Lleral también debería reanudar la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado, donde la Gendarmería Nacional tiene todos los boletos comprados como responsable del crimen. En ese marco, dar un paso más en el amedrentamiento de los testigos del caso (casi todos ellos habitantes de la Pu Lof de Cushamen) era casi una cuestión de honor para el reaccionario Díaz Mayer.

*Informe Adriana Meyer

Nación Mapuche. A 21 días de la huelga de hambre del Machi Celstino Córdova, se convoca a movilizaciones solidarias

Mari mari kom pu che,  a todos nuestros hermanos mapuche y no mapuche,  hoy cuando nuestra autoridad espiritual cumple 21 días en huelga de hambre  queremos decir que: 1.- El petitorio de la actual huelga de hambre de nuestra autoridad espiritual ancestral, viene a englobar una lucha que no es individual, sino que trasciende la […]


Mari mari kom pu che,  a todos nuestros hermanos mapuche y no mapuche,  hoy cuando nuestra autoridad espiritual cumple 21 días en huelga de hambre  queremos decir que:

1.- El petitorio de la actual huelga de hambre de nuestra autoridad espiritual ancestral, viene a englobar una lucha que no es individual, sino que trasciende la propia individualidad del machi y considera demandas históricas del pueblo mapuche y no se queda ahí, sino que también considera la situación carcelaria de todos los internos de origen mapuche y eleva la crítica desde un plano político-espiritual, es por ello que queremos exponer una vez más cada uno de los 6 puntos del petitorio de nuestro machi, para que lo hagan suyo:

Kiñe: Por el respeto y derechos para toda autoridad espiritual mapuche, solicito 48 horas de salida a mi rewe en forma urgente, para la renovación de éste;

Epu: Por el respeto y derecho para todos los pertenecientes a pueblos indígenas, exijo la libertad de ejercer nuestra propia creencia espiritual y ceremonial en el interior (y exterior) de las cárceles del país, cuestión que es igualmente urgente;

Küla: Derecho a habitar módulos exclusivos para miembros de pueblos indígenas en las cárceles del país, acorde con nuestras vidas y costumbres.

Meli: Exigir la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Kechu: La restitución de nuestras tierras, territorio e indemnización y compensación por los daños causados histórica y actualmente por actos de lesa humanidad por parte del Estado chileno.

Kayu: La absolución de todas y todos nuestras lamngen y peñi perseguidos política y judicialmente por causa mapuche.

2.- Les invitamos a participar  de una marcha, este próximo viernes 9 de Febrero  en Temuco, en la plaza del hospital a las 10.00 hrs. Desde ya pedimos apoyo en la difusión de esta actividad y  les llamamos a organizar en sus ciudades respectivas toda acción que sirva para romper el cerco comunicacional y presionar para conseguir el petitorio que nuestra autoridad está solicitando. Realizando Rogativas, Marchas, Miting, Concentraciones, etc. y toda acción o actividad que nos permita romper el cerco mediático. Ahí queda la libertad y la creatividad de cada comunidad y organización.

3.- Se hace urgente apoyar a nuestro machi Celestino, ya que producto de la huelga de hambre y desde hace mucho tiempo atrás está sufriendo las consecuencias físicas y espirituales propias del encarcelamiento para un machi.  Pese a todas las acciones que se han levantado para conseguir su salida para recibir la medicina que necesita como Mapuche y además  como Machi, las instituciones que lo mantienen en la cárcel, llámese tribunales de Justicia, gendarmería, sin duda el Estado,  poderes políticos y económicos que están detrás de su condena, han encontrado siempre excusas para oponerse a su salida al rehue por 48 horas. Cada vez la salud del Machi Celestino se complica más. No se pide un favor, ¡estamos exigiendo un DERECHO! De acuerdo al Convenio 169 plenamente vigente en la actualidad.

4.- Hacemos un llamado a mantenerse atentos, informados y movilizados de acuerdo al estado de salud física y espiritual de nuestro machi, ya que el  inicio de la huelga de hambre fue el día 13 de enero con un peso de 99.400 y hoy 3 de febrero está con un peso de 87.900 kg. Recordar que él mide 1 mt 85 cm , y que está sufriendo de dolores musculares, fuertes dolores renales, mareos y hace unos días tuvo dos desmayos. Y a pesar de ello se mantiene con la moral en alto, con su Newen fortalecido y firme en sus convicciones. A pesar de ello, cualquier desmedro en el estado de salud física y espiritual de nuestra autoridad ancestral machi Celestino Córdova, hacemos responsables al Estado chileno y sus instituciones que no han sido capaces de resolver y darle una salida política al petitorio.

Kom pu lamngen  les solicitamos que mantengan  sus ñgeñipun- rogativas y oraciones para mantener el Newen de  nuestro machi Celestino y a estar atentos a su estado de salud y resguardar su integridad  física y espiritual.

TXI PATUPE TAIÑ MACHI CELESTINO CORDOVA,  ¡¡¡¡WIÑOY TAMI REHUE FEWLA!!!!

Familiares, amigos y Red de apoyo al Machi Celestino Córdova

Sábado, 03 de febrero 2018

jueves, 18 de enero de 2018

Con Infantería en los pasillos, anunciaron 160 despidos en el Hospital Posadas


Los trabajadores realizaron una asamblea en el hall del hospital para reclamar la reincorporación. Ante esta decisión, el centro de salud amaneció fuertemente custodiado por decenas de efectivos.
Casi 160 trabajadores fueron despedidos esta semana del Hospital Posadas, ubicado en el partido de Morón, y la dirección del nosocomio amaneció fuertemente custodiada por decenas de efectivos de Infantería de la Policía Federal.
La Dirección Ejecutiva del hospital, a cargo del médico Pablo Bertoldi Hepburn, no informó de manera individual los despidos sino que publicó una resolución con los nombres de los que sí renovarían su contrato.

“Hoy me enteré por una resolución de mi supuesta cesantía, de la que nadie se termina de hacer cargo ya que nos informaron que no estamos contemplados dentro de los listados de los contratos que se renuevan, ergo, estamos despedidos”, afirmó Luis Sucher, un empleado despedido con 19 años de antigüedad.
A través de las redes sociales, varios trabajadores denunciaron que las oficinas de la Dirección estaban colmadas de policías que impedían el pedido de explicaciones a las autoridades.

Una jornada de provocaciones a personas con más de 15 años de trabajo que las dejan en la calle


Los trabajadores se concentraron esta mañana en el hall del edificio y realizaron una asamblea para delinear los pasos a seguir en la lucha por su reincorporación.
16/01/18

jueves, 4 de enero de 2018

Ordenaron la detención de un militante del PO por la supuesta agresión a un policía

Otro arresto por la protesta

Según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional, Dimas Fernando Ponce estaba en la escena de la agresión a un policía. El imputado niega haberle hecho daño a alguna persona.
El juez Sergio Torres está investigando a los manifestantes y también los abusos de las fuerza de seguridad.

El juez federal Sergio Torres ordenó la detención Dimas Fernando Ponce, un abogado que es militante del Partido Obrero y que, según los registros fotográficos del día de la última movilización contra la reforma previsional estaba en la escena de la agresión a un policía que tuvo fractura de cráneo y perdió parcialmente la audición por los golpes. Es quien estaba con otro hombre del PO, César Arakaki, que ya está preso y fue indagado por la misma razón. Ponce hizo llegar al juzgado un pedido de exención de prisión que fue rechazado, en el que admite ser la personas de las imágenes en cuestión, donde está cerca de un policía que está en el piso con un palo similar a una lanza, pero niega haber herido a nadie. El PO convocó para hoy a la tarde a una conferencia de prensa. En un comunicado dice que la detención dispuesta por el juez es “parte de de una política de criminalización de una manifestación en la que participaron centenares de miles de trabajadores contra una ley que constituye un robo a los jubilados, los discapacitados y los niños más necesitados”.

Torres mantiene hasta ahora dos líneas de investigación: una involucra a manifestantes, en especial a los que fueron registrados en imágenes agrediendo a policías; la otra apunta a los abusos de las fuerza de seguridad. Por esto último está detenido Dante Barisone, el policía que paso con su moto por encima del cartonero Alejandro Rosado, que ese encontraba trabajando en la calle, cerca de la movilización. A Barisone lo identificó y entregó el Ministerio de Seguridad. Todavía el juzgado está tratando de identificar al agente que le tiró gas pimienta con saña a un hombre mayor que se encontraba solo y sin hacer nada. En una filmación se ve el momento en que lo rocían con gas y el mismo policía le pega un cachiporrazo en la cabeza. Para hoy está citado a indagatoria un policía bonaerense, Damián Ferraro, fotografiado arrojando piedras, ahora desafectado de la fuerza.

Ponce, que fue candidato a concejal en Máximo Paz por el Frente de Izquierda, apeló el rechazo a la exención de prisión. El comunicado del PO dice que “la orden de detención debería suspenderse hasta que resuelva el tribunal. En el caso que el tribunal ya hubiera enviado oficio de captura, Ponce se encuentra esperando la ejecución de su detención en el domicilio denunciado (…) se ha puesto a derecho y no hay razón para que sea detenido”. Por eso reclaman el cese de la orden de detención y la inmediata libertad para Arakaki. El criterio del juzgado ha sido detener a las personas que considera involucradas en lesiones medianas y o graves.

La semana próxima es posible que el juzgado tome una determinación respecto de las casi 70 personas que fueron detenidas durante y en la desconcentración de la movilización del 18 de diciembre, muchas de ellas al voleo. Torres había ordenado liberarlas pocas horas después de los arrestos y está en pleno análisis de las circunstancias en que fue detenida cada persona, para establecer si fueron arrestos arbitrarios o con alguna motivación real. En la causa sobre la movilización de la semana anterior, el 14 de diciembre, también contra la reforma previsional, todavía hay personas detenidas por cuestiones burocráticas relativas a sus domicilios y en un caso se trata de un joven que denunció que le plantaron en su mochila dos piedras y panfletos partidarios pisoteados. Esta causa la lleva Claudio Bonadio, con una óptica distinta a la de su colega Torres. Está indagando a las 44 personas detenidas, incluso aquellas como Damiana Negrín Barcellos, cuya detención repentina fue filmada en el momento que volvía caminando de trabajar a su casa y se le vino encima un pelotón de gendarmes.

La impunidad campa por sus anchas : Represores con domiciliaria

El 2017 terminó con 1038 represores detenidos, 549 de ellos con arresto domiciliario. El año pasado se instruyeron 593 causas, que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias. El 67 por ciento de ellas fueron apeladas.

Tras el fallo del 2x1 de la Corte, hubo 118 condenados que pidieron acceder a ese beneficio.

La reciente prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolatz, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, no es un caso aislado entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. 

La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2x1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.

De las 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario -aunque en sólo seis causas ya está fijada la fecha de inicio del debate-, 98 causas están listas para comenzar el juicio y el resto, las 278 causas que faltan, continúan en etapa de instrucción.  

“Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, según señalaron los fiscales en el informe,  Entre quienes aún no fueron sentenciados, la situación procesal varía según la causa: hubo 701 procesados, a 164 imputados se les dictó falta de mérito y 62 fueron sobreseídos. “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

Además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El informe analizó también cuánto tiempo transcurre desde que se inicia la causa hasta que se obtiene la sentencia firme. En promedio, en las “causas firmes”, aquellas que ya no tienen pendiente instancias de revisión, transcurren 5 años y medios entre que se presenta el requerimiento de elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. En la causas “en trámite”, las que tienen sentencia pero esperan la elevación a juicio o pueden ser recurridas, la demora alcanza los 4 años y medio.

“La instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”, detallaron desde la procuraduría.

En el informe, los fiscales hicieron hincapié en que “los responsables del trámite de las causas demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, lo que calificaron como un “cuellos de botella” que es necesario resolver.